La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece el marco legal para coordinar y dirigir las políticas y recursos destinados a proteger la seguridad nacional en España. Su objetivo es regular los principios básicos, órganos superiores y autoridades, así como los componentes fundamentales de la seguridad nacional, incluyendo la gestión de crisis y la contribución de recursos.
¿A quién afecta?
Esta ley impacta en:
- Administraciones Públicas: Órganos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales responsables de implementar y coordinar medidas de seguridad.
- Sector Privado: Empresas y entidades que gestionan infraestructuras críticas o servicios esenciales.
- Ciudadanía: Personas físicas y jurídicas que pueden verse involucradas en medidas de seguridad o gestión de crisis.
Derechos y obligaciones de los afectados:
- Administraciones Públicas:
- Obligaciones:
- Coordinación y cooperación: Trabajar conjuntamente para implementar políticas de seguridad nacional y gestionar situaciones de crisis.
- Planificación y prevención: Desarrollar planes y estrategias para anticipar y mitigar riesgos y amenazas.
- Derechos:
- Acceso a recursos: Utilizar recursos nacionales para garantizar la seguridad y gestionar crisis.
- Obligaciones:
- Sector Privado:
- Obligaciones:
- Colaboración: Participar en la protección de infraestructuras críticas y compartir información relevante con las autoridades.
- Implementación de medidas de seguridad: Adoptar protocolos y sistemas que garanticen la continuidad de servicios esenciales.
- Derechos:
- Asistencia gubernamental: Recibir apoyo y orientación de las autoridades en la implementación de medidas de seguridad.
- Obligaciones:
- Ciudadanía:
- Obligaciones:
- Cumplimiento de medidas: Respetar las disposiciones y protocolos establecidos en situaciones de interés para la seguridad nacional.
- Derechos:
- Información y protección: Ser informados sobre riesgos y medidas de seguridad, y recibir protección adecuada en situaciones de crisis.
- Obligaciones:
La Ley 36/2015 establece un marco integral que coordina los esfuerzos de las administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía para garantizar la seguridad nacional. Al definir claramente las responsabilidades y fomentar la colaboración entre todos los actores, se fortalece la capacidad del país para enfrentar y superar desafíos y amenazas, asegurando la protección y bienestar de la sociedad en su conjunto.