Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
BOE: BOE-A-2015-3442
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece el marco legal para garantizar la convivencia pacífica y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en España. Su objetivo es regular actuaciones de las fuerzas de seguridad y establecer sanciones para conductas que alteren el orden público, adaptándose a los desafíos de la sociedad actual, incluyendo el ámbito digital.
¿A quién afecta?
Esta ley impacta en:
- Ciudadanos: Personas físicas que residen o se encuentran en territorio español.
- Empresas y entidades: Organizaciones que operan en España y cuyas actividades pueden influir en la seguridad ciudadana.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Organismos encargados de mantener el orden público y garantizar la seguridad.
Derechos y obligaciones de los afectados
- Ciudadanos:
- Derechos:
- Libertad de expresión y reunión: Derecho a manifestarse y expresar opiniones, siempre que se realice de manera pacífica y respetando la ley.
- Obligaciones:
- Respeto al orden público: Abstenerse de conductas que perturben la convivencia ciudadana o inciten a la violencia.
- Colaboración con las autoridades: Facilitar la labor de las fuerzas de seguridad cuando sea requerido.
- Derechos:
- Empresas y entidades:
- Obligaciones:
- Cumplimiento normativo: Asegurarse de que sus actividades no vulneren la seguridad ciudadana y respeten las regulaciones vigentes.
- Medidas de seguridad: Implementar protocolos que prevengan incidentes que puedan afectar al orden público.
- Obligaciones:
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
- Obligaciones:
- Actuación proporcional: Intervenir de manera adecuada y respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- Transparencia: Informar sobre las actuaciones realizadas y las razones que las motivan.
- Obligaciones:
La Ley Orgánica 4/2015 busca equilibrar la protección de la seguridad ciudadana con el respeto a los derechos y libertades individuales. Al establecer un marco claro de derechos y obligaciones, promueve una convivencia armoniosa y garantiza que las actuaciones de las autoridades se realicen dentro de los límites legales, adaptándose a los desafíos contemporáneos, incluyendo aquellos relacionados con el entorno digital.