La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, actualiza el marco legal del sector en España, adaptándolo a las directrices europeas y a los avances tecnológicos. Su objetivo es fomentar la competencia, garantizar la conectividad universal, proteger los derechos de los usuarios y promover la inversión en infraestructuras de comunicaciones electrónicas.
¿A quién afecta?
Esta ley impacta en:
- Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas: Empresas que ofrecen servicios de telefonía, internet y otros servicios de comunicación.
- Usuarios y consumidores: Personas físicas y jurídicas que utilizan estos servicios en su vida diaria o en sus actividades profesionales.
- Administraciones públicas: Organismos encargados de supervisar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de telecomunicaciones.
Derechos y obligaciones de los afectados
- Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas:
- Obligaciones:
- Notificación y registro: Deben notificar su actividad y estar inscritos en el Registro de Operadores para operar legalmente.
- Calidad del servicio: Garantizar niveles adecuados de calidad en los servicios prestados y cumplir con las condiciones establecidas en la normativa.
- Transparencia y protección al usuario: Proporcionar información clara sobre las condiciones de los servicios, tarifas y procedimientos de reclamación.
- Derechos:
- Acceso al mercado: Operar en un entorno regulado que promueve la competencia y la innovación en el sector.
- Obligaciones:
- Usuarios y consumidores:
- Derechos:
- Acceso al servicio universal: Derecho a acceder a servicios básicos de comunicaciones electrónicas a precios asequibles, independientemente de su ubicación geográfica.
- Protección de datos personales: Garantía de que sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente, respetando su privacidad.
- Información y transparencia: Recibir información clara y precisa sobre las condiciones de los servicios contratados y los procedimientos de reclamación.
- Obligaciones:
- Uso responsable: Utilizar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas y no realizar actividades fraudulentas o ilícitas.
- Derechos:
- Administraciones públicas:
- Obligaciones:
- Supervisión y control: Vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores y proteger los derechos de los usuarios.
- Fomento de la competencia: Promover un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y estimule la innovación en el sector.
- Obligaciones:
La Ley 11/2022 establece un marco legal que equilibra los derechos y obligaciones de operadores y usuarios, promoviendo un sector de las comunicaciones electrónicas competitivo y de calidad. Al garantizar el acceso al servicio universal y proteger los derechos de los consumidores, se fomenta un entorno digital más inclusivo y seguro para todos.